Las ventas de vehículos eléctricos crecen más de un 109% en enero, con 2.840 unidades.

El objetivo de coches eléctricos para el 2020 es superar a los 65.000 vehículos y así triplicar las cifras del año pasado

Ganvam y Aedive plantean al IDAE diez claves para un Moves más eficaz.

Durante el mes de Enero del 2020 los vehículos totalmente eléctricos es de 2.840 según la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM), subiendo un 109,1%

Los turismos nos muestran una fuerte subida del 171,5%, con un total de 1.618 unidades, frente a las 597 unidades del mismo mes del año anterior.

Los comerciales ligeros, cayeron un 1%, con un total de 190 unidades, el sector de las dos ruedas continuó al alza, las motocicletas con un volumen de 132 unidades y un incremento del 116% y ciclomotores, con 882 unidades y un incremento 79%, respectivamente al cierre

La hoja de ruta del Ministerio de transición Ecológica para bajar a las cuotas de co2 emitidas por vehículos fijan que para el 2020 deberán alcanzarse las 65.000 unidades matriculadas de vehículos eléctricos. El año pasado año se cerró con 24.000 unidades.

A la vista de estos objetivos, ambas asociaciones consideran necesario poner en marcha un plan de acción que permita acelerar el ritmo de penetración del vehículo eléctrico en el parque automovilístico español, lo que pasa por un replanteamiento de los planes de ayudas. De esta forma, elevan al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) diez claves para mejorar la eficacia del Moves, divididos en bloques relativos a las exigencias de achatarramiento, el precio de compra de los vehículos o la revisión del funcionamiento territorial de las ayudas, entre otros.

Eliminar la obligatoriedad del achatarramiento

Eliminar la obligatoriedad del achatarramiento de un vehículo, pudiendo ser un aliciente, pero no una condición necesaria, ya que quedan fuera de las ayudas sectores relevantes como el renting. La obligación de achatarrar un vehículo de más de 10 años funciona muy bien con los motores de combustión tradicional, pero no cuando se aplica con los coches eléctricos porque las empresas, que son las que compran estos vehículos, no disponen de modelos para achatarrar.

Elevar el precio límite de compra

Elevar el precio límite fijado para la compra del vehículo, ya que ahora mismo solo beneficia a vehículos eléctricos con poca autonomía. Si esto no fuera posible, el documento plantea que, al menos, se permita que el modelo más económico de cada marca pueda acceder a las ayudas.

Agilizar la tramitación

En la medida de los posible, ambas entidades piden a las diferentes Administraciones una mayor agilidad en la gestión de los trámites (concesión de licencias de obra, etc.) para poder cumplir con el plazo de justificación necesario para percibir la ayuda.

Unificar criterios regionales
Conscientes de que algunas de las medidas propuestas pueden suponer una injerencia en la gestión autonómica, ambas entidades consideran importante, al menos, que el IDAE las traslade a los responsables regionales, con el fin de alcanzar un procedimiento más eficaz.

Así, en cuanto a presentación de solicitudes, echan en falta un calendario preciso donde se fijen con la suficiente antelación las fechas de presentación de solicitudes en cada una de las CC.AA., poniendo fin a la arbitrariedad actual. Dado que la adjudicación de ayudas se hace por orden de presentación, contar con margen suficiente para recopilar la documentación necesaria garantizaría un procedimiento más equitativo para los solicitantes.

En esta línea, piden unificar los formularios de solicitud, así como homogeneizar el período de justificación una vez concedida la ayuda. Si bien en términos generales son 12 meses, hay comunidades como la valenciana que establecen plazos menores o incluso hay otras como la andaluza que comunican el plazo al adjudicar la ayuda.

Por otro lado, piden también mejorar la operativa de envío de solicitudes para hacerla más ágil, permitiendo por ejemplo la opción de subir toda la documentación al completo en la primera solicitud en lugar de que existan dos periodos.

En cuanto a la documentación requerida, piden una herramienta común. Concretamente, como ahora mismo, cada CC.AA. solicita una documentación distinta, piden al IDAE un canal común para la gestión de la subvención, como cuando se realiza la declaración de la renta en un formato único y cada comunidad aplica un IRPF diferente.

En este sentido, piden también la aceptación de Acuerdos Marco, ya que se dan casos de comunidades que solicitan hasta tres proveedores distintos para cada una de las partidas contempladas en los presupuestos. Esto requiere de un arduo trabajo de recopilación, especialmente en empresas grandes donde hace falta agilizar los procesos de compra mediante acuerdos marco que además garanticen mejores precios.

En cuanto al solicitante, éste debería ser siempre el beneficiario de la ayuda. Concretamente, en todas las convocatorias el solicitante es el beneficiario de la ayuda, salvo en Andalucía, Madrid y Galicia donde la solicitud debe hacerla el instalador. Al tener que recurrir a un intermediario para la presentación de la solicitud se ralentiza y dificulta el proceso, por lo que el solicitante debería ser siempre el beneficiario de la ayuda. Por otro lado, el hecho de que quien solicite la ayuda no sea cliente final puede retrasar la adjudicación hasta seis meses como ya ha ocurrido en Madrid, Valencia, Galicia y Andalucía.